Seguridad: Intervención integral. Carabineros de Chile, actor relevante

 René Moya,                                                                                                                                                                           General de Carabineros (R)

La paz y la seguridad representan, al decir de Hobbes, aquellas condiciones esenciales para que los ciudadanos puedan empezar a pensar en su bienestar y disfrutar de su libertad. En consecuencia, lograr estándares crecientes en estas condiciones, es una obligación prioritaria del Estado y en la actualidad, pareciera ser, la aspiración más sentida de los ciudadanos. En este sentido, garantizar continua y crecientemente la seguridad de las personas frente a la delincuencia supone atender, por parte de éste, con igual interés, compromiso y decisión, todas las dimensiones que componen esta problemática, caso contrario lo mínimo esperable es que, al menos, la tasa de crecimiento demográfico de la población, actúe proporcionalmente en el aumento de la criminalidad, especialmente en lo relacionado con delitos contra la propiedad.

Abordar este problema requiere,  claro está, de una intervención sistémica, lo cual obliga a incursionar en el estudio desde el campo previo del delito hasta la reinserción social de los delincuentes, en una secuencia de análisis lógico y progresivo y de las relaciones causa efecto que surgen a partir del mismo, única manera de crear estrategias eficientes y efectivas de corto, mediano y largo plazo, en el ámbito de los factores sociales y situacionales identificados como causas generadoras y facilitadoras del comportamiento delictual respectivamente, las cuales deben ser aplicadas en el nivel de intervención que le son propios y por los organismos o estamentos responsables de diseñarlos y ejecutarlos con efectividad. Entonces, la posibilidad de contener y disminuir progresivamente la criminalidad, buscando alcanzar mayores niveles de bienestar para las personas, se construye a partir de la concurrencia y situación en que se encuentren, entre otras,   variables  como el medio  ambiente familiar, por cuanto, sabido es, que  la mayoría de las personas obedece la ley por hábitos aprendidos durante la infancia y, en consecuencia, la crianza del individuo que se asocia con la violencia y delincuencia pasa a ser fundamental; el medio social externo con el que se relacionan principalmente los jóvenes; la tasa de desocupación y su impacto en la evolución de la victimización; el nivel educacional como condición que limita o permite acceder a trabajos más estables y mejores salarios;  el beneficio neto esperado por el delincuente al tomar la decisión de delinquir, mediante la comparación del rédito económico con las probabilidades de ser sorprendido, aprehendido, procesado, condenado y cumplir una eventual pena; la legitimidad y respeto la autoridad policial, desafío connatural de la función misma, constituyendo la confianza y credibilidad los conceptos  vinculantes entre la institución y la sociedad y el sustento de la aprobación pública de sus acciones;  la eficiencia y eficacia de la investigación del delito; el funcionamiento del sistema judicial; la proporcionalidad de las penas que se apliquen y su cumplimiento efectivo; el funcionamiento del sistema carcelario y la concreción de sus objetivos; clara y decidida censura social al delincuente y, por supuesto, el nivel de vigilancia policial, que depende no solo de la cantidad de recursos sino que, además, de la calidad de la gestión, aspectos todos que, no obstante ser eslabones de una cadena, merecen ser estudiados y diagnosticados de forma específica y que, en su conjunto, permitan orientar la naturaleza de la intervención en función de las debilidades y fortalezas de los distintos sistemas intervinientes; cuestión relevante para el tratamiento con posibilidades de éxito de un fenómeno social que se sabe complejo, multidimensional y multicausal.

De igual manera, debe   incorporarse también en esta estrategia, el tratamiento oportuno de factores de riesgo en el ámbito social y primario, tales como aspectos individuales, relacionados con la baja capacidad de las personas para resolver conflictos, especialmente de los jóvenes, consumo de drogas, hiperactividad o la agresividad temprana; familiares,  como la falta de cohesión familiar, el abuso o negligencia por parte de los padres; del grupo de pares, específicamente si éstos están involucrados en actividades riesgosas; del sistema escolar, especialmente la situación de niños y jóvenes expuestos a la violencia en los colegios; comunitarios, traducidos en una evidente baja cohesión entre los miembros de los distintos barrios; económicos, principalmente el  vivir en condiciones de pobreza y la exclusión y marginalidad social y afectiva, entre otros. En consecuencia, es preciso considerar los momentos en que se debe intervenir y quiénes son los responsables de hacerlo. Es por ello que, aunque tienen un rol relevante, resulta improcedente responsabilizar del estado de la seguridad existente sólo a los órganos de control (nivel terciario de intervención) y particularmente a la policía. En la actual situación, hasta la policía más perfecta del mundo tendría serias dificultades para terminar con la inseguridad en nuestro país y, por tanto, insistir en la ficción que los problemas en este ámbito, podrían ser resueltos exclusivamente por una buena policía, es evidentemente injusto e inconducente. Entonces, tanto los éxitos como los fracasos deben ser asumidos y compartidos por todos los actores involucrados.

Esta realidad queda de manifiesto cuando se observa, tanto en los medios de comunicación como en los planteamientos que se realizan para enfrentar este problema social, posturas  relacionadas con evaluar la  efectividad de la gestión solo de Carabineros en esta materia y, en menor medida, de los otros órganos de control social formal, en circunstancias que, como se ha señalado, el producto final del trabajo policial, la seguridad de las personas,  depende primordialmente de factores que están lejos del alcance de la policía, realidad que evidentemente,  dificulta la medición objetiva de su desempeño sólo en términos de resultados, cuestión que obliga y hace aconsejable utilizar también  indicadores que se orienten a medir la pertinencia y efectividad de las actividad que desarrollan, considerando, asimismo, las múltiples y heterogéneas tareas y acciones   que demandan  las personas, de las cuales un alto porcentaje  no llegan a conocimiento de la justicia, por cuánto constituyen otras intervenciones y/o mediaciones de significativo pero subvalorado impacto preventivo. En síntesis, como se ha señalado,  las tasas de criminalidad varían mucho más en función de factores sociales estructurales como la pobreza, la desigualdad de oportunidades y de trato,  hábitats urbanos inadecuados, migraciones masivas,  desestructuración familiar, que producto solo del resultado del desempeño de la policía, de la administración de justicia y funcionamiento del sistema penitenciario. Elaborar la política criminal, con respaldo transversal y amplio, se presenta como una necesidad primaria para empezar a pensar en que es posible avanzar en el control del fenómeno criminal de manera paulatina y progresiva e indudablemente, todos los esfuerzos que se realicen en esa dirección son altamente valiosos .  Su inexistencia en los términos referidos deja espacio para muchos sofismos, reproches y descalificaciones  transversales, ideológicas e  irreconciliables, creando un ambiente que, al contrario de lo que se supone que se pretende, termina siendo un pésimo ejemplo para los jóvenes.  Cada gobierno, al inicio de su mandato formula su propia estrategia anti-delincuencia, sin embargo, los planes y programas en los distintos niveles de intervención referidos en ellos, la mayoría con un horizonte de mediano y largo plazo, son reemplazados antes de ser ejecutados y evaluados, desperdiciándose esfuerzos y recursos. Como se ha señalado, consensuar la política criminal podría superar esta debilidad y permitiría tomar decisiones en un marco de ideas definido para la materialización de estrategias y acciones que tengan coherencia y consistencia con ellas, se proyecten en el tiempo y que permitan contener posturas radicalmente contradictorias e inconsistentes con el propósito de la seguridad,  

En este contexto y análisis, es preciso incorporar a otro actor que participa en esta problemática, la víctima y las maneras o formas como se asocia, involuntariamente por supuesto, con el delincuente, a través del estudio de sus comportamientos y conductas inseguras tanto en términos espaciales, temporales y actitudinales, con el propósito de generar estrategias y acciones de advertencia, buscando instalar una cultura de seguridad, que debe tener su génesis en el hogar y continuar en los colegios y en los lugares de trabajo. Con todo,  es preciso puntualizar también que una estrategia exitosa debe estar edificada sobre cimientos sólidos, por esta razón, para  verdaderamente poder avanzar  en esta materia, la creación de capital social es un elemento central, el cual se concreta en el surgimiento de una sociedad integrada por personas y organizaciones capaces de relacionarse y colaborarse mutuamente en cuestiones de interés común y que, al mismo tiempo,  se ocupe de educar a los jóvenes en la observancia de las leyes y normas vigentes. En consecuencia, evolucionar hacia  una sociedad que se sustente en estos valores formativos; un Estado que propicie el fortalecimiento de capital social,  el establecimiento de condiciones estructurales afines o funcionales al desarrollo y crecimiento del país y al bienestar de las personas; la búsqueda de un ambiente de tolerancia, respeto y colaboración de las autoridades y líderes de opinión; así como una prensa responsable en términos de la forma en que presenta esta realidad, debiesen representar los pilares orientadores de las políticas que se definan y que agreguen valor al trabajo  y los esfuerzos  que se realicen. Intervenir de manera consensuada, coordinada, coherente y consistente con esta realidad, con claro sentido de urgencia por parte de todos los actores involucrados, debe ser el elemento movilizador de la voluntad de hacerse cargo definitivamente de esta problemática; razón por la cual es de suyo valiosa cualquier decisión y generación de condiciones para actuar en este sentido.

Por su parte, Carabineros ha realizado y realiza esfuerzos en este sentido, orientándose en el marco del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, más allá de los aspectos técnicos, metodológicos y de principios que le son propios, hacia una estrategia en desarrollo de integración con la comunidad, la cual recoge elementos y características de los modelos de policía comunitaria, de proximidad y de resolución de problemas. La formulación e implementación del Modelo de Integración Carabineros – Comunidad se orienta a estos objetivos, por cuanto busca atender de forma oportuna y colaborativa, los problemas de seguridad  a nivel local, por medio de estrategias de intervención socio-policiales participativas, focalizadas y preventivas, con la incorporación de las Juntas de Vecinos, autoridades locales, otras instituciones, servicios de utilidad pública y empresa privada y que, además, puede aportar a mejorar y consolidar capital social en y entre los distintos vecindarios, estructura social que por sí misma representa un muro de contención de la delincuencia y que, en general, aporta al bienestar de las personas.Tanto por misión constitucional como por representar la cara visible de los variados esfuerzos que se realizan en esta materia y, también,  por formar parte del tejido social, Carabineros de Chile tiene un rol sobresaliente. En consecuencia, su reestructuración y modernización debe desarrollarse sobre la base de la identificación, determinación y auto- convencimiento de la necesidad de cambio y adaptación a la realidad evolutiva de la sociedad y de las enfermedades que le son propias, en este caso, la delincuencia en todas sus formas. Circunstancias  dolorosas, traumáticas  y complejas vividas hace un tiempo, en que se han traicionado valores y principios doctrinarios, que han lesionado el alma institucional, afectado su prestigio y que están poniendo a prueba su temple, sin duda  han hecho aconsejable e ineludible la impostergable conveniencia de revisar aspectos estructurales y  de diseño, que faciliten la ejecución integral y óptima  de prácticas de gestión modernas, que agreguen valor a los distintos procesos de trabajo diseñados en todos los ámbitos de la administración institucional  y que permitan, mediante la incorporación de conocimiento,  alcanzar sus objetivos y  proyectar al medio social una organización moderna, dinámica, ágil, amable y efectiva en términos del cumplimiento de su misión primaria de prevenir el delito. Un diagnóstico desapasionado que identifique los problemas y sus consecuencias con claridad y precisión, que establezca objetivos y prioridades y que se desarrolle con la premura adecuada, sin  descuidar la naturaleza y fisonomía de la Institución, que respete sus   fortalezas y se edifique sobre un sistema educativo coherente y en armonía con estos propósitos, debiesen ser  sus condiciones esenciales.

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